Cada verano, las hectáreas quemadas en la Península Ibérica y en el conjunto de Europa se cuentan por decenas de miles. La estampa se ha vuelto trágicamente habitual: cielos teñidos de naranja, ecosistemas enteros reducidos a cenizas, pueblos evacuados con lo puesto y la biodiversidad arrasada.
Los montes arden… Mientras los políticos intentan buscar culpables, pasarse la pelota entre despachos y sacarse fotos institucionales frente a las cenizas. Nos presentan estas catástrofes como «accidentes inevitables» o «fenómenos meteorológicos extremos» ante los que solo cabe resignarse. Se oculta así la raíz profunda del problema: un modelo socioeconómico capitalista que devora el territorio y que condena al olvido los entornos rurales.
La crisis climática como síntoma del extractivismo
El aumento descontrolado de las temperaturas y la sequía prolongada no son fruto de la casualidad, son el resultado directo de décadas de hiperproducción, consumo desmedido, turistificación salvaje y dependencia absoluta de los combustibles fósiles. El cambio climático, amplificado por la voracidad del capital global, ha transformado nuestros ecosistemas en auténticos polvorines a punto de estallar.
A esto se suma el paulatino abandono del medio rural, fruto de la migración forzada hacia las metrópolis para alimentar la maquinaria laboral urbana. Los montes, antes mantenidos de forma viva mediante actividades tradicionales no orientadas al gran beneficio de mercado, se han convertido en monocultivos industriales de crecimiento rápido o en terrenos baldíos a la espera de especulación.
Un continente en llamas: del récord histórico al colapso europeo
La magnitud de la tragedia ya no se puede disimular con propaganda institucional. Los recientes megaincendios que están asolando los territorio han superado todas las marcas anteriores, registrando cientos de miles de hectáreas quemadas en lo que se consagra ya como el mayor desastre forestal de la historia en el Estado Español. Un hito catastrófico que deja al descubierto la vulnerabilidad absoluta y la negligencia criminal de un modelo de gestión fallido.
Pero el fuego no entiende de las fronteras ficticias trazadas por las naciones:
- Francia e Italia: Sufren olas de incendios sin precedentes en regiones mediterráneas y alpinas, donde la falta de personal sobre el terreno y la apuesta por la aviación pesada no logran frenar frentes alimentados por la sequía extrema.
- Portugal: Asolado cíclicamente por gigantescos incendios que devoran miles de hectáreas de monocultivo, demostrando cómo la entrega del suelo a la industria maderera privatizada transforma regiones enteras en trampas mortales.
La escala de esta devastación a nivel europeo confirma que no estamos ante emergencias aisladas, sino ante un colapso sistémico del modelo territorial de la Unión Europea, volcada en los megaproyectos y la rentabilidad financiera mientras la tierra arde bajo nuestros pies.
Animales y biodiversidad sacrificados en el fuego
Detrás de las cifras de hectáreas calcinadas hay una tragedia silenciosa: la aniquilación de miles de animales y ecosistemas enteros que no tienen ninguna culpa de la avaricia humana ni de la negligencia del Estado. Mamíferos, aves, reptiles e insectos mueren abrasados o asfixiados sin posibilidad de huir, atrapados en un infierno provocado por la especulación y el abandono.
Sus hogares se destruyen en cuestión de horas. Mientras las instituciones miden el desastre en pérdidas económicas o metros cuadrados, se ignora la vida arrebatada y el equilibrio ecológico roto. Sustituir el monte diverso por monocultivos madereros o dejarlo arder por pura ineficacia es un crimen contra la naturaleza y contra especies vulnerables que solo buscaban sobrevivir.
La respuesta está en la prevención
Frente a esta realidad, la respuesta de las instituciones —tanto del gobierno central como de las Comunidades Autónomas— oscila entre el cortoplacismo mediático y la ineptitud sistemática, ignorando de manera recurrente la prevención real, que se realiza durante el invierno y la primavera mediante el cuidado continuo del monte, la creación de cortafuegos naturales y la limpieza de biomasa.
El caso de la Comunidad de Madrid evidencia la situación actual de los incendios:
- Precarización y privatización: Mantenimiento de plantillas bajo mínimos, contrataciones temporales y la externalización de servicios esenciales a empresas privadas que priman el beneficio económico sobre la seguridad humana y ambiental.
- Protestas y huelgas: Los propios bomberos y guardas forestales se han visto abocados a la huelga y a las movilizaciones para denunciar la falta de personal, las jornadas eternas con salarios muy bajos.
- Burocracia paralizante: Múltiples administraciones solapan competencias mientras la respuesta efectiva en el terreno se ralentiza por trabas administrativas y cálculos políticos entre partidos.
Resulta sangrante que, mientras se destinan partidas presupuestarias millonarias al gasto militar, al control policial y al mantenimiento del aparato burocrático, quienes arriesgan su vida a pie de fuego deban manifestarse en las calles exigiendo condiciones dignas para poder protegernos.
Autoorganización y apoyo mutuo frente al fuego
Esperar que el mismo Estado que fomenta el extractivismo salvaje y protege los intereses corporativos resuelva la crisis ecológica es una ilusión peligrosa. El Estado no es la solución, es parte del incendio. Sus respuestas siempre llegan tarde, mal y subordinadas al rendimiento electoral o al balance de cuentas.
Frente al fuego que destruye la vida y a las instituciones que la mercantilizan, la única salida real nace desde abajo. La defensa de la tierra exige cuestionar de raíz el monopolio estatal de la gestión territorial:
El verdadero fuego debe consumir las estructuras de control: Mientras las instituciones arden en ineficiencia y corrupción, la respuesta más eficaz y solidaria durante las emergencias procede de las redes vecinales, la autoorganización popular y los retenes de voluntarios que acuden a proteger sus pueblos al margen de la jerarquía oficial.
Es indispensable transicionar hacia una gestión comunitaria del territorio donde las decisiones no se tomen en los despachos de la capital, sino de forma asamblearia por las comunidades locales y los trabajadores del medio natural. Frenar la devastación requiere poner fin a la mercantilización de la vida y al control de las instituciones: que ardan los despachos, la burocracia y las fronteras, pero que nuestros montes permanezcan vivos, libres y bajo el cuidado de quienes los habitan.