A Maricarmen la asesinó un sistema que convierte la vivienda en mercancía y a las personas mayores en obstáculos para la rentabilidad.
La asesinó Urbagestión y todos los fondos y sociedades que compran pisos de renta antigua a precio de saldo precisamente porque hay alguien viviendo dentro, para después expulsarlo y multiplicar el alquiler.
A Maricarmen la asesinaron las leyes que priorizan el derecho de propiedad del capital sobre el derecho a la vida y a la dignidad de quien ha habitado un hogar durante setenta años. La asesinó la policía que derriba puertas de ancianas en silla de ruedas. La asesinaron los tribunales que avalan estos despojos. Y la asesinaron todos los gobiernos que, durante décadas, han preferido proteger la especulación antes que blindar de verdad a las personas vulnerables.
A sus 87 años, tras ser arrancada por la fuerza policial de la vivienda madrileña en la que vivió durante más de siete décadas, Maricarmen sacó sus últimas fuerzas para lanzar un clamor que retumbó en toda España. Ingresada en una clínica por un cuadro de agotamiento severo tras el desalojo, grabó un emotivo mensaje dirigido a los políticos y a la sociedad entera:
«Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas, quiero que sirva para que la gente luche y para que se cambien las leyes», expresó con dificultad en la voz. «No he logrado defender mi casa, pero he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya».
La anciana, que sobrevivía con una pensión de alrededor de 1.350-1.400 euros y contaba con un 50 % de discapacidad, vio cómo Urbagestión, la empresa administradora del inmueble rechazó todas las ofertas de negociación y mediación para mantener su alquiler. El 23 de septiembre de 2026, agentes de policía derribaron la puerta de su hogar para ejecutar el desahucio, obligando a los servicios médicos a evacuarla en camilla.
Desde el hospital, Maricarmen exigió formalmente al Presidente del Gobierno la aprobación de un decreto ley de emergencia que prohíba de forma tajante los desahucios a personas de la tercera edad y en situación de vulnerabilidad, impulsando además una recolección masiva de firmas.
Trágicamente, el impacto emocional y la tristeza de perder sus recuerdos fueron insoportables para su delicada salud. Tan solo 14 días después del desalojo, Maricarmen falleció en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. El acuerdo que le habría permitido regresar a su casa llegó demasiado tarde: murió horas antes de poder firmarlo.
Su cuerpo no resistió la injusticia, pero su voz se convirtió en la bandera de un movimiento que hoy exige que la vivienda vuelva a ser un derecho y ningún otro anciano tenga que sufrir el mismo destino.
¡Que la tierra te sea leve compañera! Tu voz sigue viva en cada persona que lucha por un techo digno.😭✊