Miles de manifestantes, convocados por una plataforma que reúne a casi 40 colectivos, exigen a las Administraciones medidas necesarias para paliar la crisis habitacional
Miles de manifestantes han vuelto a recorrer el Paseo del Prado en Madrid este domingo en protesta por la crisis habitacional y las subidas de los precios de la vivienda y para exigir medidas para paliar esta situación por parte de las Administraciones Públicas. El movimiento Hábitat 24, que reúne a casi 40 colectivos en favor del acceso a la vivienda y a asociaciones vecinales, sindicales y sociales convocó a la movilización en Atocha a partir de medio día. Los ciudadanos se han dirigido a la Puerta del Sol, donde se ubica la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La marcha, convocada bajo el lema «Por una vivienda digna y sostenible«, es la segunda protesta masiva tras la acontecida el pasado 13 de octubre en la capital, que reunió 22.000 personas según la delegación de Gobierno —400.000 de acuerdo con la federación de asociaciones de vecinos y 100.000 según el Sindicato de Inquilinas—. “Claramente dijimos que la vivienda no es un bien de mercado sino un derecho. Sin embargo, las administraciones han seguido sin tomar las medidas necesarias para cumplir con dicho mandato constitucional”, han lamentado los convocantes en su manifiesto. La movilización de hoy ha reunido a cerca de 50.000 manifestantes.
Los colectivos exigen un decálogo de acciones, muchas de ellas ya reclamadas desde el pasado octubre: imponer los topes de precios de la ley estatal de vivienda, aprobar una ley autonómica de vivienda que incluya la creación del un parque público no descalificable del 30%, un plan para la rehabilitación de inmuebles fuera de uso, el fin de los desalojos sin alternativa habitacional y la suspensión de las licencias de pisos turísticos.
Asimismo, reclaman el acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda Pública de las familias sin título habilitante, la adecuación de los barrios para hacer frente al cambio climático, los valores medioambientales como eje para futuros proyectos urbanísticos, y la atención inmediata a las demandas de las familias de la Cañada Real y de San Fernando y Coslada.