La medida aprobada en el Parlamento era una de las exigencias de los socios de ultraderecha de Netanyahu.
El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, ha sido duramente criticado en el plano internacional.
El Parlamento israelí ha aprobado una ley que establece la pena de muerte a los palestinos condenados en tribunales israelíes por ataques letales. La legislación ha generado críticas internacionales contra Israel, un país bajo escrutinio ante el aumento de la violencia ejercida por los colonos contra los palestinos en Cisjordania ocupada.
La medida incluye disposiciones que exigen la ejecución por ahorcamiento dentro de los 90 días posteriores a la sentencia. Establece cierta posibilidad de aplazamiento, pero sin derecho a indulto y con la opción de imponer cadena perpetua en lugar de la pena capital.
La ley estipula que la pena de muerte se aplicará a quien haya asesinado a una persona «con la intención de negar la existencia del Estado de Israel». Con esa redacción, marcada por la carga ideológica se crea una distinción clara entre los actos terroristas cometidos por palestinos y los de nacionalistas judíos, a los que será prácticamente imposible aplicarles la ley.
La norma ahora es aplicable en cualquier territorio que Israel controle de facto, incluyendo toda Cisjordania, pero también el 53% de la Franja de Gaza.
Según la ley, el tribunal podrá imponer la pena de muerte incluso si la Fiscalía no la solicita. Además, no se requerirá el consentimiento unánime de los jueces para aplicarla.
La ley ha sido aprobada con 62 votos a favor y 48 en contra. Ha votado a favor el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre el que pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Israel abolió la pena de muerte para delitos ordinarios en 1954 y desde 1962 no ha realizado ejecuciones. En el mundo, 54 países —sin contar a Israel— mantienen la pena de muerte, según la organización Amnistía Internacional. Pero hay una tendencia a la abolición: 113 países la han eliminado para todos los delito