La huelga general anunciada para el 11 de noviembre no es el primer paro español centrado en la vivienda. Casi un siglo antes, Barcelona vivió una huelga de alquileres impulsada por la CNT-AIT.
La vivienda nunca ha sido un derecho concedido por las instituciones de la burguesía; siempre ha sido una trinchera. Hoy, mientras los buitres financieros, los rentistas e inmobiliarias engordan sus arcas expulsando a familias trabajadoras, la memoria de la lucha de clases nos recuerda que la huelga de alquileres no es una utopía: es un arma probada.
Desde las calles de la Barcelona libertaria de los años treinta hasta los desahucios paralizados a cuerpo descubierto en nuestros barrios, la clase trabajadora lleva un siglo respondiendo al chantaje del capital con la única herramienta eficaz: la autoorganización y la acción directa.
1931: La CNT-AIT y la primera huelga general de alquileres
En el verano de 1931, recién proclamada la Segunda República, la clase obrera barcelonesa no esperó leyes ni decretos legislativos. Las condiciones de las viviendas en los barrios populares eran deplorables: hacinamiento, insalubridad y unos precios inflados por la especulación tras la Exposición Internacional de 1929.
Impulsada por el Sindicato de la Construcción de la CNT-AIT a través del Comité de Defensa Económica, se convocó la primera huelga masiva de alquileres de la historia del Estado. Las demandas eran claras: rebaja del 40% en los precios, abolición de las fianzas y fin a los desahucios de familias desempleadas.
Más de 100.000 familias dejaron de pagar el recibo del alquiler. Frente a la represión desatada por el nuevo gobierno republicano —que encarceló a militantes libertarios y movilizó a la Guardia Civil para ejecutar desahucios—, los comités de barriada organizaron piquetes de apoyo y reocuparon las casas desahuciadas, devolviendo los muebles a los portales noche tras noche. Aquella huelga demostró que, cuando la clase obrera rompe el contrato del rentismo, el poder tiembla.
La autogestión barrial y la gesta de Cerro Belmonte (1998)
Tras el paréntesis oscuro de la dictadura franquista y la posterior consolidación de la especulación urbanística bajo la Transición, la resistencia de la vivienda adoptó formas creativas y tajantes.
El caso de Cerro Belmonte en Madrid (1998) permanece como un hito de la insubordinación vecinal. En pleno auge de la especulación inmobiliaria promovida por el Ayuntamiento de Madrid, las autoridades pretendían expropiar a precios miserables a los vecinos de este humilde barrio del distrito de Moncloa-Aravaca para entregar los terrenos a las promotoras del lujo.
Ante el atropello institucional, la vecindad no se rindió. El barrio de Madrid que declaró su independencia fue Cerro Belmonte: los vecinos convocaron un referéndum autogestionado, redactaron su propia Constitución y proclamaron el Reino Independiente de Cerro Belmonte, solicitando incluso asilo político a Cuba. La acción, cargada de ironía y contundencia, expuso ante la opinión pública la barbarie del urbanismo salvaje e infligió un revés mediático y político al capital inmobiliario.
De las asambleas de stop desahucios al drama de Maricarmen
Llegada la crisis financiera de 2008 y la posterior bancarización de la vivienda, las redes de solidaridad obrera volvieron a organizarse en las calles. La creación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y, más recientemente, la articulación de los Sindicatos de Inquilinas y de Barrio, resucitaron la estrategia de la acción directa frente a los fondos buitre y los desahucios diarios.
Hoy, la violencia del sistema se encarna en nombres propios como el de Maricarmen, una vecina vulnerable que, como tantas miles en nuestros pueblos y ciudades, se enfrente a la amenaza del desahucio por la voracidad de un rentista o un fondo de inversión respaldado por la policía. Cada desahucio ejecutado contra una anciana, una familia golpeada por la precariedad o una joven sin alternativas no es un accidente del mercado: es un acto deliberado de guerra de clases.
¿Cómo hemos llegado a este punto de asfixia colectiva?
La situación descontrolada del precio de las viviendas, no es el resultado de un mercado desregulado por error, sino el cumplimiento perfecto de la lógica capitalista:
- La vivienda como activo financiero: Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, los gobiernos del régimen (PSOE y PP) rescataron a la banca con dinero público mientras regalaban el parque de vivienda a fondos buitre (Blackstone, Cerberus) mediante exenciones fiscales como las SOCIMI.
- El rentismo como pilar de clase: Se ha consolidado una estructura social donde una minoría rentista extrae las rentas del trabajo de la clase trabajadora, absorbiendo hasta el 50% o 60% de los salarios a través de alquileres abusivos.
- Complicidad estatal: La legislación estatal nunca ha garantizado el derecho al techo. Por el contrario, las leyes vigentes y las fuerzas de seguridad del Estado actuarán siempre como el brazo armado del propietario para garantizar el cobro del alquiler o la ejecución de la patada en la puerta.
La única salida: ¡Guerra al rentismo!
Frente a la trampa del reformismo que promete parches legislativos inservibles mientras los precios siguen escalando, la historia nos enseña que el único límite que entiende el capital es la fuerza organizada de la clase trabajadora.
No queremos alquileres sociales moderados; queremos expropiar a los grandes tenedores. No pedimos moratorias temporales; exigimos la abolición del negocio inmobiliario.
La huelga de 1931 nos marcó el camino: ante la dictadura del alquiler, organización de barrio, huelga sindical y apoyo mutuo.
¡Ni gente sin casa, ni casas sin gente! ¡Si el pago del alquiler nos quita la vida, detengamos el pago del alquiler!
