Tras siete décadas en su hogar, ni la barrera humana desplegada por el vecindario logró evitar el desalojo a la fuerza de esta pensionista. La intervención policial abrió paso a los intereses de los fondos buitre en una nueva muestra de los abusos del mercado inmobiliario.
Una vecina de 87 años del distrito madrileño de Retiro ha sido desahuciada del hogar en el que ha vivido durante más de siete décadas. A pesar de la resistencia ciudadana que intentó protegerla hasta el último momento, la actuación de las fuerzas de seguridad terminó por consumar una tragedia social provocada por la especulación.
Maricarmen llegó allí con 16 años. En ese hogar ha crecido, trabajado y envejecido. El contrato original estaba a nombre de su padre porque se firmó en una época en la que las mujeres no podían firmar ningún contratar en. Cuando él murió, el alquiler pasó a su madre y, después, a Maricarmen. Los propietarios aceptaron su permanencia y cobraron el alquiler durante años. Tras una nueva venta, otro fondo cuestionó aquella subrogación e inició el proceso para expulsarla.
Para forzar su expulsión, el fondo aplicó un incremento salvaje, disparando el alquiler de los 500 euros habituales a unos inasumibles 2.600 euros mensuales con el objetivo de ahogar económicamente a la pensionista. Ante esta situación, el barrio se movilizó y puso el cuerpo en la puerta del portal para formar una barrera humana de defensa.
Sin embargo, la respuesta del Estado se redujo a una exhibición de fuerza brutal y desproporcionada. La maquinaria policial irrumpió en la calle con cascos, escudos y porrazos, arremetiendo violentamente contra la multitud pacífica que intentaba proteger el portal. La intervención se convirtió en un episodio de represión absoluta, donde los agentes golpearon, empujaron y desalojaron a golpes a los vecinos para romper la barrera humana a cualquier precio.
Esta demostración de violencia desmedida dejó una lección dolorosa y aplastante sobre el papel de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: lejos de amparar a la población humilde e indefensa, actuaron como auténticos matones a sueldo de la especulación, empleando la fuerza bruta para tender la alfombra roja a los fondos buitre.
Toda esta brutalidad policial se ha consumado bajo la mirada complaciente y la pasividad del autodenominado «gobierno más progresista de la historia». Mientras la política institucional se abstiene y mira para otro lado ante la vulneración sistemática del derecho a la vivienda, decisiones como la reciente abstención del PSOE en el congreso para frenar los abusos de los grandes tenedores confirman dónde están sus verdaderos intereses. Ante tanta miseria moral y complicidad institucional, solo la dignidad del apoyo vecinal se mantiene en pie frente a las garras del mercado.