La Red Universitaria por Palestina denuncia que 27 universidades públicas y organismos de investigación españoles están inmersos en proyectos europeos en los que participan 33 entidades israelíes.
Detrás del discurso institucional de neutralidad y excelencia académica, la universidad pública española sigue engrasando la maquinaria militar e industrial del Estado de Israel. La Red Universitaria por Palestina ha sacado a la luz la complicidad directa de 27 universidades públicas y centros de investigación estatales en 38 proyectos europeos vigentes junto a 33 entidades sionistas.
Lejos de frenarse, el flujo de cooperación bélica e ideológica continúa a pleno rendimiento, ignorando el genocidio sobre el pueblo palestino y burlando incluso los tibios posicionamientos simbólicos adoptados por la propia burocracia universitaria.
La supuesta postura ética de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que hace dos años amagó con suspender lazos tras las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia no ha sido más que humo para calmar la protesta estudiantil. La realidad es incontestable: desde mayo de 2025 se ha constatado la firma de al menos doce nuevos convenios y proyectos de investigación conjunta.
La academia y sus centros tecnológicos actúan como laboratorio y apoyo logístico para la industria del terror:
- Universidad del País Vasco (UPV/EHU): Colabora en dos proyectos con Technion, institución clave en el desarrollo de tecnología aplicada directamente a las operaciones y masacres del ejército israelí.
- Universidad de Valladolid (a través de la Fundación CIDAUT): Investiga junto a Hydrolite, filial de uno de los principales contratistas militares del régimen sionista.
- Universidad de Granada: Participa en el diseño de vehículos no tripulados destinados a vigilancia y «seguridad civil» junto a Mellanox Technologies (empresa incrustada en el entramado tecnológico-militar israelí, hoy en manos del gigante estadounidense NVIDIA). Frente a las denuncias, el equipo rectoral justifica su participación amparándose en tecnicismos de agenda e historial bursátil, lavándose las manos sobre el uso final de sus investigaciones.
El mapa del colaboracionismo institucional lo encabeza el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la principal agencia estatal de investigación, con 11 proyectos de reciente inicio y 46 contrataciones activas. Le siguen de cerca la Universidad Politécnica de Madrid (6 nuevos convenios y 10 en marcha), así como la Universidad de Barcelona, la Politècnica de Catalunya y la Universitat de València. En un escalón intermedio figuran las universidades de Granada, Sevilla, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Ante la evidencia, la respuesta de la burocracia académica es el parapeto y el silencio administrativo. La CRUE rechaza dar explicaciones y se niega a asumir la responsabilidad política y legal de romper de forma inmediata todo lazo con el entramado colonial israelí.
Como señalan las asambleas y activistas de la Red Universitaria por Palestina, la investigación académica financiada con fondos públicos en sectores tecnológicos y científicos se traduce directamente en la mejora del complejo militar-industrial con el que Israel ejecuta el apartheid y el exterminio.