La Unión Europea ha cruzado otra línea roja. Este lunes, los gobiernos europeos acordaron legalizar la creación de centros de deportación en países fuera de la UE, externalizando la represión migratoria para que sea más fácil encerrar y expulsar a personas lejos de cualquier control o mirada crítica.
Es la victoria más clara hasta ahora de la agenda ultra. En lugar de acoger o proteger, Europa prefiere pagar a terceros países para que hagan el trabajo sucio: campos de detención, deportaciones exprés y menos derechos. Una política de miedo y cierre de fronteras que ya no disimula su crueldad.
La Unión Europea ha dado otro paso más hacia el autoritarismo migratorio. Este pasado lunes, el Consejo, la Comisión y el Parlamento europeo cerraron un acuerdo para permitir que los Estados miembros creen centros de deportación en países fuera de la Unión.
Es decir: externalizar la represión. Meter a la gente en centros (incluso familias con menores) en terceros países, lejos de miradas incómodas, para facilitar su expulsión. Estos centros podrán ser destino final o simples estaciones de paso hacia otros países.
La excusa oficial es «acelerar los retornos» de quienes no tengan papeles en regla. El tono es claro: la migración se trata como un problema de seguridad y orden público, siguiendo el manual de la extrema derecha que ya marca el paso en media Europa.
Lo que trae esta nueva norma
- Posibilidad de crear estos centros de deportación externalizados (ya se han sondeado países como Uzbekistán o Kazajistán, con historiales terribles de derechos humanos).
- Alargar la detención migratoria hasta 30 meses.
- Más facilidades para ignorar garantías judiciales cuando haya «muchos» migrantes pendientes de expulsión.
- Convertir la deportación en la opción por defecto.
- Restricciones de movimiento, prohibiciones de entrada que pueden ser casi permanentes y menos ayudas para la reinserción.
Las organizaciones de defensa de derechos humanos ya han saltado: denuncian riesgo de deportaciones en cadena a países inseguros, detenciones arbitrarias, falta de control y un largo etcétera de vulneraciones.
Este acuerdo es la continuación lógica del Pacto Migratorio y Asilo, que ya era duro de por sí. La derecha y la ultraderecha marcan el ritmo, y el resto (incluido el PP europeo) va detrás. Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y otros están especialmente activos en buscar países dispuestos a acoger estos campos a cambio de dinero o visados.
El gobierno del Estado español, por su parte, ya ha dicho que no participará en la creación de estos centros fuera de la UE. Veremos si finalmente se cumple y no se trata de un nuevo engaño u otra posición meramente electoralista a las que ya nos tienen acostumbrados.
Europa ya no disimula: prefiere invertir en muros, campos y deportaciones externalizadas antes que enfrentar las causas de la migración o tratar a las personas como lo que son: seres humanos con derechos.
Mientras tanto, la ultraderecha celebra otro triunfo cultural: normalizar que encerrar y expulsar se vea como «gestión sensata».
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